domingo, 6 de enero de 2013

#PelisConCarromero Twitter 2013


  El 04 de Enero 2013 el ingenio inundó Twitter con el TT #PelisConCarromero 


Os dejo algunos de los mejores títulos de nuestro héroe nacional:





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El Desastre de la Sanidad

Francisco Soláns Puyuelo 
Abogado ICAV y miembro de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía

26-Noviembre-2012


 Han pasado aproximadamente siete meses desde que la ministra de Sanidad anunciara en el Congreso, para sorpresa de propios y extraños, que de un plumazo se iba a retirar el derecho a la asistencia sanitaria a los llamados inmigrantes irregulares, con lo que no sólo se privaría de un derecho a esos indeseables, sino que además “nos íbamos a ahorrar”, dijo, la bonita cifra de 500 “milloncejos”.

 Aún a pesar de las erráticas decisiones de los últimos Gobiernos –tanto del Sr. Rodríguez Zapatero como del Sr. Rajoy- que vienen escudándose en una crisis económica que primero no existía y que ahora golpea a los más débiles de nuestra sociedad, la verdad es que no recuerdo hace cuánto tiempo se me puso por delante nada más jugoso. Lo mires por donde lo mires. La preparación (si es que la hubo), la motivación declarada y la oculta, la forma de hacerlo, la fundamentación (la falsedad, la falta de verdad y la verdad a medias); el desarrollo posterior, las estrategias adoptadas después para el “sostenella y no enmendalla” –tan arraigado en nuestra cultura política –; las reacciones de unos y otros, la improvisación y la falta de coordinación para ofrecer respuestas justificativas de lo injustificable a falta de unos días tan sólo para la consumación del fiasco, e incluso después, y lo que se verá… ¡No sé por dónde empezar!

 En fin, intentaré seguir una exposición cronológica -más que nada por seguir un orden en lo acontecido. 
 Allá por el año 2000 la estrategia del Estado español con respecto a la inmigración irregular se vio obligada a cambiar y, tras el auténtico desastre que supuso la Ley de Extranjería de aquel Ministro de Interior y Secretario de Estado de Seguridad que acabaron siendo judicialmente declarados probados delincuentes, Barrionuevo y Vera, y en la que se decretaba la inexistencia jurídica del inmigrante irregular – algo así como “el único inmigrante sin permiso bueno es el inmigrante expulsado o invisible” –, se aprobó una reforma de la Ley que reconoció lo obvio desde el más elemental juicio democrático: los derechos humanos no vienen de ser guapos, ni altos, ni españoles, ni arios, ni nada de eso, sino, como su propio nombre indica, de ser humanos. Así que, si tenemos a un humano, sea bueno, feo, malo, irregular o cargado de papeles, es titular de unos derechos. Y uno de los que se entendió como parte de esos derechos propios del ser humano fue el de la asistencia sanitaria por la red pública, o sea, en las mismas condiciones que el resto de humanos que nos encontremos a nuestro paso.

 El samaritano de la parábola no es que fuera ningún héroe, es que el escriba y el fariseo que pasaron frente al accidentado sin asistirle cometieron lo que hoy llamamos un “delito de omisión del deber de socorro”. Y eso unos lo llamarán cristianismo; otros, sencillamente civilización. La calificación de la decisión de la señora ministra la dejo a la consideración de cada uno.

 Este prodigio del sentido común del reconocimiento a la asistencia sanitaria universal sin embargo nos costó alcanzarlo, contando desde la Constitución, 22 años –de 1.978 a 2.000-, que, como diría el clásico, “ya es agua pasando bajo el puente de nuestra gloriosa transición”. Hasta ese momento la estructura sanitaria no es que no hubiera atendido a estas personas. Porque claro, eres médico y se te presenta delante un señor con un dolor de barriga y ya puede haber ley, Papa, juez, ministro o quien sea, que te diga que ese señor en realidad no existe, ya que tú lo ves, lo tocas, lo oyes quejarse, aunque la ley pretenda que no existe, porque no tiene un papel que diga que existe, o porque no tiene permiso a existir. Pero el señor, con su doliente barriga, ahí sigue. Y lo de jugar al “no te veo, no te oigo” como pretenden que hagan ahora, no parece muy de señor Doctor con título en la pared y despacho, camilla y todo eso.

 Lo que se hacía hasta que en el año 2000 la ley dijo lo obvio era lo que se hace siempre que las normas contienen algún despropósito: se juega al hago lo que hago, pero como si no lo hiciera; como no tienes papel, me tienes que pagar; como no me puedes pagar, pues hago una factura, y ¿qué hago con la facturita? Pues la meto en un cajón y “aquí paz y allá gloria”. Pero claro, la cosa no era seria, porque atender a una persona de una enfermedad, señora Mato –Ud. seguro que lo sabe- es una cosa muy seria: hay que coordinar especialistas, tener un seguimiento, que no se mezclen los diagnósticos, los resultados de las pruebas, etc., etc. Ahora bien, el gasto era el mismo. Ni se ahorraba entonces una peseta ni se ahorrará ahora un euro si, finalmente, se vuelve a aquella situación de que los médicos, que no se olvidan de su juramento hipocrático, atiendan a todas las personas, tengan o no “papeles”, o, lo que también entra en lo posible, se cae en peores prácticas.      
 Aunque con la medida parece, no se vayan a creer, que lo de menos es el gasto y que lo importante es darle una “lección a la historia” –como dicen con tanta fatuidad los que se creen en su cresta– y demostrar a propios y extraños que los que nos gobiernan creen en el supremo concepto de la Justicia, al menos en este: "el que no paga no mama, y si el que no mama muere, “que se jodan ” (diputada Fabra dixit) –o que no hubiera venido-".


 Así que después de doce años de experiencia positiva, de mayor control de la sanidad pública, de asistencia igualitaria a las personas por ser personas, de curar a muchos, paliar el sufrimiento de otros y acompañar dignamente la muerte –más tarde o más temprano – de todos, llega la señora ministra y sin preguntar a nadie ni encomendarse a Dios, al programa electoral, al diablo, o a los expertos del ramo, va y la suelta. Porque no sólo los Colegios de médicos, enfermeros, etc. se quedaron con cara de tontos mirando la tele y preguntándose si verdaderamente habían oído lo que habían oído y de dónde había salido el cálculo ese de los 500 millones, sino que la misma cara de tontos, debieron poner los Consejeros, Consellers, Conselleiros y demás familia autonómica de la sanidad. Y parece que compartieron la estupefacción en el Ministerio del Interior y en el de Trabajo y Asuntos Sociales en los correspondientes departamentos de Inmigración. E igualmente quedarían atónitos los partidos de la oposición –aunque estos parece que ya están acostumbrados-, con los que se supone que se debe intentar consensuar estas cosas en una sociedad democrática.


 Y comenzó el festival: hubo quien se creyó que era una broma de mal gusto, quien no sabía si –lástima la cosa sea tan trágica– tomárselo a risa. Frente a la medida se ha acabado retratando todo el mundo: los que han jaleado la medida porque “tanto moro, tanto negro no quiero yo en mi ambulatorio”; los obedientes disciplinados, que, de cara a la galería, aceptan lo que diga la ministra, pero precisando “entre tú y yo, la cosa es de antología del disparate” (Comunidad Valenciana); los escaqueados, “que si, que bueno, que Ana dice esto, pero será aquello y ya veremos” (Castilla La Mancha); los que se apuntan el tanto y dicen que no pero sí, pero también, pero que todo lo contrario, y añaden requisitos que no tienen nada que ver con la cosa (Navarra); los que han optado por quitarle leña al asunto diciendo que se va a seguir atendiendo a todo el mundo (hasta lo ha dicho la Vicepresidenta del Gobierno, pero lo cierto es que ya mucha genta está sin asistencia sanitaria); los que le echaron imaginación y se inventaron cobros imposibles a otros países; los espabilados que pensaron que aquí había negocio y se inventaron un seguro nuevo y de pago, a ver si cae algo de tajada de éstos que no tienen dónde caerse muertos, y los simplemente sensatos, que han dicho que la ministra puede decir misa: médicos objetores, la actual Defensora del Pueblo nada más llegar al cargo, algunas comunidades autónomas con o sin vínculos con el partido gobernante, jueces y fiscales, colegios de médicos y demás sanitarios, el Consejo General de la Abogacía, sindicatos varios, las ONG de sanidad o de cualquier ramo, la prensa libre, la Iglesia Católica, las protestantes, judíos, musulmanes y budistas; las asociaciones de vecinos, de consumidores, y hasta mi comunidad de la escalera. Vamos: todos los que no tienen un interés político partidista y equivocado y sí un poquito de sensatez.

 Así que tal vez el Presidente Rajoy, o su Vicepresidenta, o el gobierno en pleno menos la ministra anunciadora de la medida, estarán pensando que la metedura de pata ha sido floja. Y aquí topamos con esto de las estructuras políticas y de lo mal acostumbrados que están quienes nos gobiernan que, una de dos: o se consideran infalibles o piensan que los creemos infalibles. No voy a caer en la tentación de pedir dimisiones – a lo que tan dados somos todos en ese ejercicio de retórica vacía que hemos aprendido de pedir lo que en nuestro interior sabemos que no se va a producir- porque la situación originada se resolvería con mucha más sencillez: una comparecencia de la Ministra diciendo que tal vez se ha equivocado, que retira el decreto y que volvemos a lo de antes.

 Y no hace falta que dimita, ni que pierda su sueldo, ni el estatus. Lamentablemente, y ojalá me equivocara, tengo claro que no dará marcha atrás, porque en nuestra clase política ha cuajado la idea de que ellos no pueden equivocarse. Pero todos ganaríamos mucho si los políticos reconocieran que son humanos –tan humanos como esos inmigrantes que no tienen los papeles que les exigen y que no les dan las mismas personas que les imputan que no tener esos papeles es algo así como un delito de lesa majestad–, y que los humanos nos equivocamos, y rectificamos, y corregimos nuestros errores. Y así, en este caso, si la rectificación se produjera y la Señora Ministra aceptara que hay que volver a la situación anterior de reconocimiento de la asistencia sanitaria a todas las personas, con independencia de su status de estancia, no sólo ahorraríamos dinero –que, a pesar de la crisis económica, cuando se trata del derecho a la vida, es lo de menos–, sino que salvaríamos vidas, mitigaríamos sufrimiento a mucha gente que está a nuestro lado, recuperaríamos una parte de nuestra dignidad y a lo mejor, sólo a lo mejor, poco a poco, se me quitaría de encima algo de esta insoportable vergüenza.

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